CARTA AL PRESIDENTE ELECTO SOBRE EL TREN MAYA Y EL CORREDOR DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC
Ciudad de México a 15 de noviembre de 2018.
Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos
Presente.
Señor Presidente Electo, hemos sabido por la prensa que usted ha planteado que los días 24 y 25 de noviembre habrá una consulta en torno a diversas propuestas suyas, entre otras la construcción del llamado Tren Maya, y la del Corredor Comercial y Ferroviario del Istmo de Tehuantepec. El primer proyecto abarcaría los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán Campeche y Tabasco; se plantea como fecha de inicio de construcción el 16 de diciembre del presente. El segundo se ubica en los estados de Oaxaca y Veracruz. Las seis primeras entidades están consideradas como “hábitats críticos que abarcan áreas con alto valor de biodiversidad*.” Al respecto queremos expresar a usted nuestras preocupaciones, y hacerle la petición expresa de no hacer por lo pronto consulta alguna respecto de ambos proyectos, y menos aún iniciar las obras, por las siguientes razones:
Como usted sabe, de treinta años a la fecha México, país reconocido por estar en el grupo de los doce países megadiversos que hay en el mundo, y entre los que ocupa el cuarto lugar, ha perdido selvas, manglares y bosques de manera alarmante. También es un hecho que el agua, un bien indispensable para la vida, es un recurso limitado que depende en buena medida de la salud de bosques y selvas. Hoy la biodiversidad y el agua son los más importantes recursos con los que puede contar una nación. Su degradación pone en grave riesgo la sustentabilidad ecológica del territorio mexicano. Por ello los sitios de alta biodiversidad deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales y reconociendo los saberes de los pueblos originarios quienes han sido garantes de sus territorios y depositarios de la riqueza natural y cultural de nuestro país.
En este contexto preocupa que el proyecto del Tren Maya y el del Corredor Comercial y Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, tengan características similares a las de otros megaproyectos como los que fueran promovidos dentro del Plan Puebla Panamá, localizados justamente en los frágiles ecosistemas del trópico mesoamericano y mexicano para ofrecer “progreso y desarrollo”. Este tipo de macroproyectos han sido fuertemente rechazados por su carácter esencialmente mercantil**, por el daño ecológico que ocasionan y los conflictos sociales que generan.
Luego de todo el desastre ecológico de décadas pasadas en aras del “desarrollo” (ganadería extensiva, industria petrolera, minería, carreteras, etc.) no se puede emprender un proyecto de esta naturaleza sin un estudio amplio de los impactos ecológicos, culturales y al patrimonio arqueológico, del que según evidencias, hay vestigios importantes para el patrimonio histórico y cultural del país cubiertos por selva, de la misma importancia de lo que está a la vista.
Es por ello que se hace indispensable la participación previa a cualquier obra, de las siguientes instancias que forman parte de la estructura gubernamental y que han sido creadas en buena medida, para realizar estudios previos frente a obras que pueden afectar los ecosistemas, la disponibilidad de agua y los impactos socioculturales, entre otros aspectos, y a las que debemos exigir el cabal cumplimiento de sus funciones. Nos referimos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), o sus equivalentes de acuerdo con lo que plantee la nueva Ley de Administración Pública. Será también indispensable consultar ampliamente a la comunidad científica, con la participación de los centros de investigación y enseñanza superior.
Consideramos fundamental no pasar por alto el principio de la “consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas locales afectadas” a que obliga el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ésta no puede sustituirse con ninguna “consulta nacional” y tendría que realizarse de manera trasparente y bajo la observación de una comisión plural del más alto nivel sin conflicto de interés. Hay que recordar que se trata de derechos humanos perfectamente establecidos y legitimados, cuyo incumplimiento habrá de dar lugar a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso a las instancias correspondientes de la Organización de las Naciones Unidas.
Señor Presidente Electo, venimos de treinta años de regímenes que han impuesto megaproyectos en el país sin haber realizado los estudios necesarios con la seriedad que cada caso amerita. Hemos visto cómo muchos de ellos se han basado en Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAS) hechas a modo y se han realizado en medio de gran opacidad. Esto ha traído graves consecuencias para la sustentabilidad ecológica de México y la concordia entre los mexicanos. Hoy el país está devastado; su patrimonio biocultural ha sido seriamente degradado. Por estas razones, entre otras muchas, millones de mexicanos acudieron a las urnas decididos a cambiar este estado de cosas y a construir junto con usted un país de leyes, más justo, en el que las personas y por tanto el medio ambiente, sean ejes fundamentales de la vida del país. Será un signo de verdadero cambio que los nuevos proyectos productivos en los ecosistemas tropicales (y en general en todo el territorio nacional), estén ecológicamente fundamentados, considerando la riqueza y diversidad del patrimonio biocultural del país. Esto pasa, necesariamente, por atender a las instituciones y a las voces de quienes por años se han dedicado al estudio de estas regiones y temas, muchas veces gracias a los recursos económicos que a través de sus impuestos, les hace llegar el pueblo de México. Asimismo, es fundamental escuchar a los pueblos y respetar su libre determinación.
Creemos en la necesidad de resolver los problemas sociales y económicos que afectan a nuestro país. Pero también estamos convencidos de que el verdadero bienestar social con sustentabilidad ecológica no pueden derivar de la destrucción de la naturaleza ni del atropello al respeto elemental de los derechos de los pueblos y comunidades que habitan estos territorios.
Recientemente usted ha tomado la prudente decisión de cancelar una obra, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), por los costos ambientales, sociales y económicos que esta obra representaba. Su construcción se inició sin llevar a cabo los necesarios estudios previos de impacto ambiental que incluyeran una visión regional de conjunto, y sin la consulta previa, libre e informada, basada en la ley, a las comunidades afectadas. Las consecuencias están a la vista: degradación ecológica, ruptura del tejido social de las comunidades, enfrentamientos entre diversos sectores del país y graves pérdidas económicas. Eso evidencia que las decisiones gubernamentales deben ser seriamente estudiadas y consensuadas, y que las políticas públicas deben ser congruentes, y sumar en una misma dirección. Hoy tiene usted la posibilidad de demostrar que se puede y se debe proceder de otra manera. De otra suerte se irá desgastando el necesario apoyo que su gobierno requiere para sacar adelante un país con graves rezagos en los más diversos órdenes.
No podemos dejar de mencionar que de acuerdo con diversas investigaciones, el colapso de la antigua civilización maya pudo deberse a la sobreexplotación de su entorno natural. A pesar de su innegable sabiduría, los antiguos mayas no tenían elementos suficientes para actuar de otra manera y evitarlo. Hoy sabemos que la capacidad de carga y recuperación de los ámbitos naturales tiene límites. Sería imperdonable no aprender de la historia y cometer los mismos errores, cuyas consecuencias pueden ser tan graves o más que en el pasado. Hay muchos caminos para lograr la justicia social y un desarrollo armónico con la naturaleza. México puede ser pionero en propuestas creativas que cumplan con estos dos requisitos indispensables. Le ofrecemos a usted nuestros conocimientos y trabajo para explorar esos caminos, y lograr por consenso proyectos que realmente transformen a México y sean un ejemplo para el mundo.
Atentamente
(la carta con el listado de firmas completo se encuentra en la sección Pronunciamientos)
PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO NACIONAL “LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL: DESAFÍOS A LA ANTROPOLOGÍA”
Del 24 al 26 de septiembre de 2018, integrantes de movimientos sociales, estudiantes y trabajadores académicos vinculados al conocimiento antropológico realizamos el Encuentro Nacional “La defensa de los territorios y del patrimonio biocultural: desafíos a la antropología”.
En este espacio de análisis y posicionamiento colectivo, se evidenció la necesidad de sumar a grupos y colectivos en la defensa de los territorios y de un mayor involucramiento institucional ante las amenazas y afectaciones a los pueblos, los territorios y los saberes locales y tradicionales, generadas por los megaemprendimientos extractivos, turísticos y de infraestructura, amenazas propiciadas por las políticas económicas orientadas por una lógica colonial y el modelo de desarrollo nacional, impuestos violando los derechos de los pueblos, pasando por encima de los procesos basados en la libre determinación, la autonomía y la autogestión, mismos que ahora empresas y gobiernos quieren regular con falsos procesos de consulta y de consentimiento.. A la par que las empresas generan estrategias de despojo cada vez más sofisticadas y en complicidad con distintos niveles de gobierno, y en muchos casos con grupos delincuenciales, los pueblos indígenas y campesinos generan estrategias de defensa y proyectos de vida, creando prácticas de organización novedosas que integran los saberes tradicionales en su respuesta a la problemática actual.
La experiencia de trabajo de investigación y acompañamiento en dichos procesos por la defensa territorial, fundamenta nuestra preocupación compartida ante el anuncio de diversos megaproyectos por parte del presidente electo. Así, en cuanto al proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México ya cuestionado, subrayamos además la relevancia argumental de la perspectiva de los pueblos originarios afectados y sus territorios; la vaguedad de los términos de una consulta anunciada que no responde ni a las particularidades ni a las especificidades de los afectados principales; el soslayo de la argumentación relativa a la corrupción de contratos y licitaciones en ese proyecto, y la improcedencia de disfrazar como argumentaciones técnicas y seudo-científicas los intereses de los empresarios y su lógica mercantil. En ese contexto es que rechazamos el proyecto de Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
En cuanto a proyectos como el “Tren Maya”, el “Corredor Transístmico” y las plantaciones forestales en el Sureste, las Zonas Económicas Especiales y la construcción de 300 nuevas carreteras, han sido todos proclamados sin considerar la exigencia de consulta previa, su carácter vinculante y el imprescindible consentimiento de los pueblos, y sin analizar objetivamente y con la participación decisoria de las comunidades afectables, antes de emitir licitaciones, los diversos efectos negativos previsibles que pueden acarrear. Sin embargo, cabe reflexionar, ¿Por qué se debe consultar a los pueblos sobre algo que no han propuesto ni solicitado como tales? La precariedad es instrumentada en el modelo extractivo en condiciones desiguales que arrancan desde la exclusión misma de la voluntad de los pueblos respecto a sus proyectos de vida y de futuro. No se trata en el fondo de ver si los pueblos aceptan o no las imposiciones o propuestas del modelo extractivista, siempre planteadas en desventaja, sino de respetar y apoyar su capacidad ya evidenciada de determinar otro mundo posible. La asimetría del modelo extractivo coloca a los pueblos frente a proyectos ajenos a su bienestar y su identidad, y en consecuencia se les niega la generación de mejores condiciones para que esos pueblos determinen su presente y su futuro de manera no reactiva ni bajo presión política y económica.
Dichos proyectos, planteados desde esta asimetría, violan la autonomía de los pueblos y evidencian la continuidad del modelo depredador neoliberal impulsado por los gobiernos precedentes. Exigimos, por tanto, que se cancelen las concesiones y el modelo y marco legal que las posibilita, así como todos los megaproyectos extractivos, como son los de minería a cielo abierto por metales, pozos petroleros, hidroeléctricas, gasoductos, explotación por fractura hidráulica (fracking) y procesos asociados. La demanda elemental de cancelación de concesiones no es para que éstas se otorguen mediante consulta. Es el modelo completo el que se encuentra cuestionado, porque atenta contra la vida al priorizar y naturalizar a la acumulación por desposesión, la lógica de inversión, el dominio del capital sobre el trabajo y la mercantilización del mundo, cerrando vías a las maneras y modos de vivir el mundo que no se basan en el usufructo y depredación de la vida.
A su vez, es preciso que se termine la criminalización, hostigamiento y asesinatos de quienes luchan contra el despojo y la depredación; también demandamos la libertad incondicional de los presos que han sido procesados y perseguidos por defender su territorio y sus bienes comunes. Todo esto debe estar sustentado en la garantía de la abrogación de las leyes secundarias que le dan sustento a la reforma energética (Ley Minera, de Agua, Hidrocarburos, de geotermia, eléctrica, entre otras).
Exigimos la prohibición de cultivos transgénicos en México por la contaminación genética en especies silvestres y criollas, y por los problemas a la salud ya claramente documentados que derivan del uso del herbicida glifosato, asociado o no a los transgénicos. En cuanto al modelo eventual de producción intensiva de celulosa a partir de monocultivos forestales, debe de ser prohibida por sus diversas implicaciones socioambientales negativas. Es a su vez fundamental que se derogue el Decreto de aprobación del Protocolo de Nagoya en México, ya que implica la mercantilización y apropiación de la biodiversidad y de los recursos genéticos asociados a ello, así como del conocimiento tradicional que las mujeres y hombres de los pueblos tienen sobre sus usos y disposición de uso colectivo.
Todas las instancias públicas en sus estatutos, leyes, reglamentos y normatividades deben ser compatibles para garantizar y respetar los derechos colectivos de todos los pueblos, y sin menoscabo alguno a la inclusión de los procedimientos por usos y costumbres de los pueblos indígenas, afrodescendientes y equiparables. Con esta misma base cuestionamos, en el terreno de las iniciativas políticas de gobierno, la propuesta de creación de un Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con las reminiscencias que dicha propuesta provoca del viejo indigenismo de Estado que por muchos años mediatizó y manipuló a los pueblos. Cuestionamos también el establecimiento de una “Secretaría de pueblos indígenas de la Ciudad de México”, pues se ha planteado al margen de su voluntad.
Considerando lo anterior, la defensa de los territorios y del patrimonio biocultural exige a nosotros, a las instituciones académicas, al gobierno y al pueblo de México un compromiso categórico en defensa de la vida y la dignidad. No basta con documentar y denunciar los mecanismos de despojo y de mercantilización de la vida: es imperativo acompañar a los movimientos sociales, democratizar nuestras instituciones y colocarlas al servicio del bien común.
Ante los procesos impuestos de patrimonialización de los bienes comunes y la mercantilización de los saberes, las cosmovisiones y las formas de vida que se han estado impulsando a través de los “Pueblos Mágicos”, “Barrios Smarts”, gentrificación urbana y “Paraísos Indígenas”, entre otros, nosotros, por el contrario, respaldamos el impulso a proyectos autogestivos endógenos, basados en la valoración de la identidad, la memoria y las culturas propias de los pueblos, así como en los atributos naturales y ecológicos de los territorios.
Ante mecanismos de evaluación exógenos y parciales, a cargo de los operadores de los proyectos extractivos (como es el caso de las manifestaciones de impacto ambiental y las evaluaciones de impacto social), exigimos procesos participativos de diagnóstico, generados a partir de acuerdos de asambleas y protocolos integrales a cargo de instancias imparciales y autónomas. Las evaluaciones no deben depender del interés de las empresas, menos aun de operadores de gobierno que carecen de capacidades para realizarlas y evaluarlas. Ello demanda mecanismos específicos de control, y el primero de ellos es la participación genuina de las comunidades en esos procesos. Todas las evaluaciones de propuestas procedentes del modelo extractivo, constituyen medidas reactivas ante proyectos generados al margen, y a su vez en contra, de la capacidad misma de los pueblos para dar cauce a una realidad ajena a la mercantilización del mundo. ¿Qué evaluación ambiental, sociocultural, sanitaria o integral puede dar cuenta cabal de los perjuicios por la imposición global de ese modelo en su conjunto? Como sucede con las consultas, los peritajes y las evaluaciones son sólo medidas reactivas que no van a fondo en cuanto al origen de los efectos de la mercantilización del mundo y de la vida. Y los efectos de ese modelo están a la vista, siendo tal vez el peor de ellos la anulación de posibilidades para el surgimiento y consolidación de modelos que honren la vida.
Frente a procesos de consulta amañados y corruptos que legitiman la imposición de proyectos de despojo, reivindicamos el derecho insoslayable de la libre determinación de los pueblos, quienes a través de sus usos y costumbres reivindican su existencia misma y ejercen su posición ante cualquier proyecto que no surja desde su propia cosmovisión, necesidad y realidad.
Ante la lógica racista y colonial, según la cual expertos externos son llamados a certificar la existencia o no del “ser indígena” en los juicios relativos a las afectaciones ambientales (como los peritajes antropológicos, fácilmente manipulados por las empresas), reivindicamos la autoadscripción y la autonomía como criterios fundamentales para el sustento de la identidad indígena y campesina, y los derechos colectivos que ésta ampara.
Por tanto, nuestras instituciones deben de adecuarse a todo lo antes expresado para responder con eficacia a los requerimientos que impone la defensa del territorio y del patrimonio biocultural de todos los pueblos. La defensa de su integridad pasa por la defensa de los pueblos indígenas, originarios, afromexicanos y equiparables, tanto como la de toda la población del país.
Comunicamos nuestro rechazo al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, por haber otorgado al PVEM la Comisión de Ecología, en franca contradicción con los principios y finalidad que debe tener dicha Comisión. Debemos recordar que desde su fundación, dicho partido ha servido a los mercenarios de la biodiversidad, entre los cuales se encuentran negocios familiares, como los de la familia González Torres o el caso de la hija del minero Ricardo Salinas Pliego, Ninfa Salinas Sada, quien impulsó las nefastas Leyes de Biodiversidad y de Silvicultura.
Exigimos la modificación del artículo 2º constitucional para que garantice, en primer término y de manera prioritaria, el derecho de todos los pueblos indígenas y campesinos a determinar sus propios modelos de vida, y en segundo término, eventualmente, que cada uno de los procesos que apunten a la implementación del consentimiento y de la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, sea organizado, pensado y creado por cada pueblo y con el apoyo y la colaboración de aquellos actores que ellos mismos determinen y quienes deben, sobre todo, reivindicar la permanencia en el presente y el futuro del significado del ser pueblo, de la comunalidad, del territorio y de los procesos que desde su cosmovisión refrendan los pueblos mismos. Sólo así valdría la pena consultarlos, siempre con carácter vinculante y sin que estos procesos se planteen para ejecutar proyectos que provienen del modelo extractivo que explota y mercantiliza el mundo y que anula la dignidad y vida de los pueblos y los bienes naturales.
Exigimos la reforma del artículo 4º constitucional para que garantice la preservación y el cuidado de la integridad ambiental en el territorio nacional, y de condiciones de vida digna para pueblos e individuos como preferenciales y prioritarias sobre cualquier otra actividad social o económica: industrial, comercial, de desarrollo urbano, agroindustrial, etc.
Exigimos el pronto esclarecimiento de todas las agresiones sufridas en el país por defensores del territorio y del patrimonio biocultural y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de: Antonio Esteban Cruz, Manuel Gaspara Rodríguez y Adrián Tilihuit en Puebla; de Margarito Díaz González, guía del Pueblo Wixárica en Nayarit; de Jesús Javier Ramos Arreola, opositor al Nuevo Aeropuerto Internacional de México; de Julián Carrillo Martínez, defensor del territorio rarámuri; de Noel Castillo Aguilar, integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Oaxaca; y la desaparición de Sergio Rivera Hernández, opositor a la instalación de la hidroléctrica en Zoquitlán, Puebla.
ESTE ES UN MOMENTO CRÍTICO DE COMPROMISO COLECTIVO EN LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL DE LA NACIÓN
Para suscribir el pronunciamiento escribe a: pueblosterritorios@gmail.com
Firmantes:
Organizaciones: Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Maderas del Pueblo A.C., Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, “Campaña Nacional Sin maíz no hay país”, Acción Colectiva, Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Bios Iguana, Otros Mundos Chiapas, Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – LAVIDA, Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, El Barzón Poblano, Grupo Intercolegial de Investigación en Ecología Política (UACM), GUERREROS VERDES A.C., Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, A.C., Unión de Grupos Ambientalistas IAP, Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Red Kaweruma,
Individuos: Paul Hersch Matrínez (INAH Morelos), Eliana Acosta Márquez (DEAS-INAH), Gilberto Giménez Montiel (IIS-UNAM), Eckart Boege (INAH Veracruz), Giovanna Gasparello (DEAS-INAH), Rosa María Garza Marcué (DEAS-INAH), Julio Glockner Rossainz (ICSH-BUAP), Teresa Valdivia (IIA-UNAM), Cristina Barros (investigadora independiente), Enrique Leff Zimermann (IIS-UNAM), Gerardo Pérez Muñoz (Afectados Ambientales Puebla), Gilberto López y Rivas (INAH Morelos) Artemia Fabre Zarandona (Diálogo y Movimiento, A.C.), Francisco Javier Guerrero (DEAS-INAH), Alejandro Castaneira Yee Been (ENAH), Jaime Quintana Guerrero (Radio Educación), Alicia Barabas (INAH-Oaxaca), Itzám Pineda Rebolledo (UACM), Victor M. Toledo (UNAM), Adelita San Vicente Tello, Federico Zuñiga (DEAS-INAH), Mariflor Aguilar Rivero (UNAM), Yuriria Juárez Martínez, Héctor Ortiz Elizondo (Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho A. C.), Juan Manuel Sandoval Palacios (DEAS-INAH), Jan Rus (CESMECA), Leonel Ayala Rojas, Emma Estrada Martínez (Universidad Autónoma de Chapingo), Edmundo Arturo Pérez Godínez, Joel Adrán Tovar Velasco, Luz María Pizá, Adriana Montoya Esquivel, Marco Antonio Rocha Sánchez, Álvaro Reyes Toxqui, Lucero González García, Miguel Ángel Pinkus Rendón, Amaranta Ramírez Terrazo, Erica Hagman Aguilar, Eliseete Ramírez Carbajal, Sinecio López Méndez, Héctor Mario Aguilar Reyes, Sonia Cruz Vasconcelos, Beatriz Cecilia Aguilar Valdez, Catherine Heau (ENAH), Elisa Cruz Rueda (Universidad Autónoma de Chiapas), Milton Gabriel Herández García (INAH-Tlaxcala), Françoise Odile Neff Nuixa (ENAH), Perla Hernández Cortés, Esperanza Muñoz Elizondo (DEAS-INAH), Martha A. Olivares Díaz (UACM), Carlos Héctor Ávila Bello, Eric Nava Jacal (ENAH), Arturo Mendoza (Barzón Poblano), Juan Pohlenz Córdova (Universidad Intercultural de Chiapas), Rafael Diaz Mayorquin, Erika Sánchez, Enrique Martínez, Amparo Sevilla Villalobos (DEAS-INAH), Esteban Mirón Marván (UC Berkeley), Maricruz Romero Ugalde (Universidad de Guanajuato-Campus León), Verónica Ruiz Lagier (DEAS-INAH), José Del Val (PUIC-UNAM), Linda Mercedes Carreón Carreón, Lina Mecalco Ponce, Reyna Blanca Carreón Carreón, Juana Ponce Mercado, María de Lourdes Mecalco Ponce, Benita Rosalba Leyva Villa, Flor de las Nieves Carreón Carreón, Ma. Gicela Mecalco Ponce, Miriam Mecalco Pineda, Alonso Akayolotzin Veladiz Carreón, Ana María Carreón Carreón, Violeta Yurikko Medina Trinidad (Colectivo Memorias Subalternas), Dulce María Espinosa, Jair Díaz Hurtado, Luz Emilia Aguilar Zincer, Cecilia Vázquez Ahumada (INAH-Puebla), Luis Fueyo Mac Donald, Flor Mercedes Rodriguez (UNAM), Roberto González Villarreal (UPN), Ignacio Peón (Pacto de Grupos Ecologistas), Luis Bustamante Valencia, Maya Lorena Pérez Ruiz (DEAS-INAH), Victor Hugo Villanueva, Rosa María Vanegas (DEAS-INAH), Carlos San Juan Victoria (DEH-INAH), Marina Anguiano (DEAS-INAH), Hugo López (DEAS-INAH), Ramón Martínez Coria, Nubia Morales Guerrero, Saul Ramirez (Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social), Enrique Victoria (centro Mesoamericano por la Interculturalidad) .
Programa Encuentro
Video de los tres días: click aquí
INFORMACIÓN: pueblosterritorios@gmail.com
Martes 13 de marzo 2018
1° sesión: 14 de noviembre, 16 – 19 hrs. Acumulación por desposesión, extractivismo y despojo del territorio y del patrimonio biocultural: una visión crítica